Una treintena de cazadores son investigados en 10 causas por maltrato animal.

“Los animales, con heridas en carne viva, infecciones y larvas vivas, muestras de dolor y rehusando el contacto humano (…) presentaban incontinencia urinaria”. “Les habían practicado, sin razón médica justificada por su estado de salud, cordectomía, consistente en el corte o extirpación de una o dos de las cuerdas vocales para impedir que ladraran y molestaran a la vecindad”. Las frases anteriores son dos ejemplos sangrantes de crueldad, pero su relevancia radica en que forman parte de los hechos probados de las primeras sentencias que dictan los tribunales por mutilación de orejas y cuerdas vocales de perros. Ambos fallos se dictaron la pasada primavera en Valencia y Huelva, y ambos son firmes porque los inculpados aceptaron la pena de un año y seis meses de prisión.

A pesar de que en los últimos años la sociedad española parece desperezarse y denunciar el maltrato animal tras décadas de inacción, los frutos de las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad y la justicia han llegado a remolque. Con todo, solo en 2016 el Seprona de la Guardia Civil detuvo o investigó a 414 personas por delitos y faltas cometidos contra animales.

Cortar las orejas y el rabo a los perros de caza con una navaja y en el campo, lejos de una clínica veterinaria, es una costumbre muy extendida entre los rehaleros [propietarios de grupos de 40 perros de caza], que defienden su carácter “ancestral”. Sin embargo, esta tradición ha chocado con la justicia y en Huelva hay abiertas una decena de causas con una treintena de cazadores imputados por mutilar las orejas de más de mil perros sin certificados sanitarios. Tras una primera sentencia condenatoria, la Fiscalía de Medio Ambiente ha logrado la apertura de juicio oral en otros tres procesos y está pendiente de acusar a otros siete cazadores por maltrato animal. “Tanto jueces como secretarios están muy concienciados. Eso sí­, acusaremos donde haya pruebas, hay que ir con pies de plomo”, avanzan fuentes del ministerio público tras el archivo de tres casos.

Hasta hace dos años el Seprona de la Guardia Civil no había denunciado penalmente estas mutilaciones pese a existir leyes autonómicas que lo perseguí­an y ser vox populi en el ámbito rural las maneras heterodoxas de los rehaleros. Los agentes se toparon en 2015 en Beas (Huelva) con una rehala de 61 perros, entre ellos seis cachorros con las orejas amputadas y “un estado de infección avanzado con abundante sangrado”, según refleja el atestado policial.

Un salto cualitativo en 2018

El amparo legal para perseguir el maltrato animal dará un salto cualitativo el próximo febrero, cuando previsiblemente entre en vigor el Convenio Europeo para la Protección de Animales de Compañía, que se firmó en 1987 en Estrasburgo y ha tardado la friolera de 30 años en cruzar los Pirineos.

La ratificación del tratado internacional por parte del Senado se produjo el pasado marzo y cuando se refleje en la ley durante 2018 primará sobre todas las normas autonómicas. De momento, solo siete de las 17 comunidades autónomas persiguen con sus leyes las mutilaciones de orejas y rabos en los perros. El resto las permite, aunque aclaran que siempre deben realizarse en clínicas veterinarias.

La pasada primavera el PP iba a introducir una enmienda a la ratificación del convenio europeo en el Senado para excluir las mutilaciones de los rehaleros de la ley, pero días después de su anuncio, reculó. “En esos tres dí­as vimos que estábamos solos y el grupo prefirió llegar a un consenso y por eso retiramos esa reserva sobre la funcionalidad del animal”, explica el senador popular Alfonso Rodrí­guez. Antes de llegar al Senado,  la defensa del colectivo de “dos millones de cazadores” por parte del diputado del PP Martí­n Bernabé incluyó “el efecto látigo” por el que los canes dañan a sus propios dueños al mover la cola y por eso era legí­timo cortársela, lo que provocó las bromas del resto del arco parlamentario.

En Andalucí­a, el colectivo de rehaleros ha defendido que la ley autonómica de 2003 dejaba un vací­o legal que eximí­a su costumbre y las mutilaciones de sus perros no podí­an ser perseguidas. Por eso pidieron una aclaración a la Junta de Andalucía y esta apoyó sus tesis en 2004. Sin embargo, el Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios ha sacado ahora los colores al Ejecutivo socialista al subrayar que la ley era “perfectamente aplicable” a los perros rehaleros: “La opinión favorable al corte de orejas y rabos, vertida por la Consejerí­a de Gobernación en su escrito de 2004, carece de toda vigencia”, destaca su informe jurí­dico aportado a la causa principal, que instruye el Juzgado 2 de Valverde del Camino, con 25 cazadores y un veterinario imputados.

Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios, resume la evolución respecto a la controversia del maltrato animal: “Hace 25 años la sociedad no se preocupaba del corte de las orejas de un perro. Ahora los jueces no son ajenos a esa nueva sensibilidad”.

El cazador admitió que él mismo habí­a cortado las orejas a los perros, pero meses después presentó certificados emitidos por un veterinario. Al saltar la alarma, los agentes visitaron la clínica del facultativo Juan Aurelio Ramos, y este confesó “que habí­a actuado mal” y que su “cliente le habí­a dado pena porque al visitarle el Seprona le iba a caer un paquete muy gordo”. Días después, el veterinario remitió al Seprona una relación de 19 cazadores para los que supuestamente había falsificado certificados sanitarios. La Guardia Civil tiró del hilo y a lo largo de 2016 multiplicó las inspecciones a las rehalas -hasta las 40- para comprobar si las mutilaciones se realizaban por sistema fuera de las clí­nicas veterinarias y cotejar las presuntas falsificaciones. “Si no lo hiciese me quedarí­a fuera del mercado”, alegó como defensa Ramos ante los agentes.

En paralelo, la Guardia Civil reclamó dos informes al Colegio Oficial de Veterinarios. Uno para aclarar desde un punto de vista cientí­fico el maltrato animal infligido a los perros con las mutilaciones y otro para despejar las dudas legales que habí­a suscitado la ley andaluza de 2003. “Las otectomí­as [corte de orejas] y caudectomías [cortes de rabos] son intervenciones quirúrgicas con una importante intensidad dolorosa (…) y efectos adversos en el animal como infecciones locales y sistémicas, trastornos cicatriciales, alteraciones del comportamiento, riesgos anestésicos, sufrimientos innecesarios y, en los casos más extremos, el fallecimiento de la mascota”, subraya Alfredo Fernández. Este doctor y especialista en peritación veterinaria resalta en su informe el fin “exclusivamente estático” de todas las amputaciones realizadas en el campo y sin condiciones higiénicas.

En la decena de causas abiertas hay al menos dos veterinarios investigados. Juan Aurelio Ramos rechazó explicar los motivos de su confesión y sus presuntas certificaciones falsas, pero el rehalero Diego Ramos, que tiene más de 100 perros, aduce que las operaciones sin control se han hecho por la salud de los animales. “Se meten en las jaras y zarzales grandes y se hacen polvo las orejas”, lo que justifica las mutilaciones ante las heridas que se producen al ir tras el rastro de jabalíes y ciervos. “Cortarle las orejas con el veterinario salí­a un dineral”, alega. Tras admitir que la operación se hacía “en la misma finca”, pregunta: “¿Dónde capan a los caballos y dónde curan a los toros? ¿quién va a querer más a un perro mí­o que yo?”.

Alfonso Aguado, presidente de la Asociación Española de Rehalas que aglutina a unos mil cazadores, apoya a los imputados y contrataca ante “el atropello policial”: “Habrá que preguntarle al Seprona por qué solo se ha detenido en Huelva. Ni el maltrato ni la falsedad justificaban las detenciones, y eso indignó mucho al entorno social, lo que provocó una manifestación con 4.000 personas en las calles de Niebla (Huelva)”, asegura. “Nosotros recomendamos que los cortes deben hacerse en veterinarios, pero hay que tener en cuenta la experiencia de estas personas”, precisa.

Desde el bando contrario, el Partido Animalista (PACMA), resalta la labor investigadora del Instituto Armado: “Ha sido un paso muy positivo contar con la Guardia Civil para conseguir las pruebas necesarias para sentencias condenatorias contra los que utilizan los perros para cazar y les amputan las orejas con completa impunidad”, afirma su presidenta, Silvia Barquero.

En España se multiplican las intervenciones porque los ejemplos son incontables. Si el año pasado el Seprona identificó en Burgos a un hombre por haber cortado las orejas de su perro sin ningún control sanitario, en esa misma provincia otra persona fue detenida por introducir alfileres en trozos de carne que después fueron ingeridos por un perro.

 

Javier Martín-Arroyo
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