La mayoría de los grupos apoya tramitar en el Congreso, como pedía el PNV, la derogación de la prisión permanente revisable, una figura incluida en el Código Penal hace apenas dos años y medio y que casi todo el arco parlamentario, a excepción del PP, quiere que desaparezca del ordenamiento jurídico.
El Pleno ha aprobado, con 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones, iniciar la tramitación de la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Código Penal, para derogar esa figura penal, prevista para los delitos más execrables, como asesinatos terroristas o violaciones.
Ahora, la proposición de ley ha superado el debate de totalidad, con lo que será remitida a la Comisión de Justicia para debatir y votar las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios.
El dictamen de la Comisión y, en su caso, las enmiendas y votos particulares que se mantengan vivos, se elevará a Pleno, donde necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara antes de seguir su tramitación en el Senado.
La propuesta de reforma del Código Penal suprime la prisión permanente revisable por no hallarse justificada desde razones de política criminal y por considerarla inconstitucional por varios motivos: Atenta contra la dignidad de los seres humanos (art. 10 CE). Atenta contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes (art. 15 CE). Vulnera el mandato constitucional de que las penas están orientadas a la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE).
«Dudosa constitucionalidad»
Durante la defensa de esta proposición en el Pleno el diputado del PNV Mikel Legarda, ha insistido en que la prisión permanente revisable es una medida de «dudosa constitucionalidad», que choca, a su juicio, con la política criminal que formó parte de los consensos básicos de las Cortes constituyentes y de la Ley General Penitenciaria, una norma que concitó la unanimidad de los legisladores.
Legarda, ha insistido en que la figura no satisface las necesidades de la sociedad, ni es idónea ni proporcional. Además, ha subrayado el parlamentario vasco, no fue reclamada por nadie.
«Su implantación se debe al populismo punitivo causado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación que azuzan a la sociedad en sus crecientes reclamaciones de castigo y que el PP acoge por ser acorde con su ideología penal preferentemente retributiva», ha dicho Legarda.
Y para abundar más en su rechazo, el diputado ha asegurado que la prisión permanente «erosiona los principios de reeducación y reinserción social del recluso, merma la seguridad jurídica y el principio de legalidad, es indeterminada y no es proporcional».
El PP que ha votado en contra, a instado a través del diputado del PP Leopoldo Barreda, a esperar la decisión del Tribunal Constitucional, ante el que se recurrió esa figura, antes de tramitar su derogación.
«Estas prisas y urgencias parecen indicar que no confían en que el TC les dé la razón», ha añadido Barreda, que ha considerado la propuesta de los nacionalistas como una «mera cabezonada política».
Porque, a su juicio, lo que en el fondo pretende la proposición es «reducir las penas de los crímenes más execrables, los que más alarma suscitan y para los que los ciudadanos quieren el mayor reproche penal».
«Si quieren reducir las condenas, díganlo a la cara», les ha espetado el diputado del PP antes de insistir en que la proposición es «diametralmente opuesta a las demandas de la sociedad».
«Innecesaria, inoportuna y que está mal concebida»
Desde la bancada socialista, el portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido superar la «forma oscura de hacer política» que supuso la aprobación de esa figura penal con el apoyo único del PP.
Campo ha defendido los principios básicos que han consolidado el Derecho Penal constitucional frente a esa nueva concepción del Derecho penal como mecanismo de defensa ante los peligros y en este sentido, ha abogado por «poner el peso en los valores que nos hemos dado y huyamos de los miedos».
Insistiendo en que se trata de una Ley, y en esta materia, la 1/2015 «innecesaria, inoportuna y que está mal concebida», Campo ha recalcado que «vencimos a ETA sin necesidad de prisión permanente revisable alguna».
Además, ha precisado que la «propia denominación de lo que ahora se pretende derogar es una contradicción».
Ha insistido, a modo de ejemplo, que «Antes de la entrada en vigor L.O.1/2015, y por el juego de los arts. del Código Penal, un atentado con cinco asesinatos y con una pena global de 125 años tendría un tiempo de cumplimiento máximo de 40 años y solo tras los primeros 32 podría obtener el tercer grado y a los 35 la libertad condicional. ¿Les parece, señorías del PP que con esta nueva pena cabe más?»
Por su parte, Eduardo Santos, de Podemos, ha censurado al PP por ser «profundamente reaccionario» y haber dado «una patada hacia el año 1928», además de haber cambiado «el dolor por votos» al aprobar esa figura y de aplicar el principio de venganza en lugar del de justicia.
Al mismo tiempo, ha recalcado que la revisión de las penas no garantizará la reinserción del condenado, ya que se revisará su situación cuando se haya cumplido entre 25 y 30 años de prisión. «Se salieron ustedes por la puerta grande del marco europeo de derechos humanos», ha añadido.
También contra la prisión permanente ha arremetido la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, quien ha dicho que la llamaron así para que «sonar más amable», pero en realidad «estamos frente a la cadena perpetua», a la vez que ha abogado por tratar su reforma en la subcomisión para una estrategia nacional de justicia creada en el Congreso.
Por EH Bildu, la diputada Marian Beitialarrongoitia ha tachado la figura de «un paso más en la deriva antidemocrática del Estado», mientras que por Compromís, Enric Bataller ha entendido que significa para el recluso una «condena a pudrirse y no a resocializarse».
Amplio respaldo parlamentario para derogar la prisión permanente revisable