Denuncian que el mecanismo extrajudicial del Gobierno ha alargado los plazos para contestar las reclamaciones. También que impide la condena en costas para los clientes de Extremadura
Lamentan que los bancos, que tienen un plazo de tres meses para contestar, se resisten a llegar a un acuerdo amistoso con los usuarios.
Hasta aquí va la teoría, porque la realidad es diferente. En la práctica el decreto está «bloqueando» el derecho de los usuarios tras la sentencia que declara abusivas todas aquellas cláusulas que no han sido explicadas con la debida claridad y transparencia.
Así lo denuncian abogados y asociaciones de usuarios que trabajan en Extremadura, que apuntan a que esta medida ha alargado los plazos para contestar las reclamaciones e impide la condena en costas en caso de no someterse al procedimiento previo.
El cliente no está obligado a usar la vía de intermediación bancaria que contempla el decreto, pero en caso de acudir directamente a la vía judicial se arriesga a pagar las costas judiciales de su bolsillo, aún con una sentencia favorable.
Más de 2.000 euros en costas en juego
Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores en Badajoz, remite a la letra pequeña del decreto: Si se inicia el procedimiento judicial sin pasar por la reclamación extrajudicial y el banco acepta la reclamación, la entidad se libra de abonar las costas. Si el juez no acuerda una cantidad superior a la ofrecida por el banco, tampoco paga.
Cree que la medida es una herramienta disuasoria. Hay que tener en cuenta que las costas judiciales, entre abogado y procurador, superan los 2.000 euros.
Respuestas ambiguas
Otro problema que denuncia el representante de la Unión de Consumidores de Extremadura es que aquellos bancos que sí están respondiendo se ‘resisten’ a reconocer las cláusulas abusivas. Desde la UCEX no han conseguido de momento ninguna respuesta positiva en sus reclamaciones de devolución de las cantidades cobradas de manera indebida.
Están encontrando respuestas que niegan la posibilidad de los consumidores de acogerse a las cláusulas suelo, y además con motivos “de los más peregrinos”. Por ejemplo respuestas ambiguas, “diciéndonos que no tenemos derecho a acogernos a este sistema, pero sin explicar muy bien las razones”
A partir del próximo 25 de mayo comenzará a agotarse el plazo de los tres meses para los clientes que presentaron su reclamación justo con la entrada en vigor el decreto. El decreto buscaba evitar el colapso de los tribunales y ahora, pasado el tiempo, logrará lo contrario según piensan.
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